Los municipios de Carmen, Campeche y Calkiní cuentan con observaciones en movimientos financieros irregulares en las cuentas públicas del 2021, específicamente en los Sistemas DIF Municipales, según informó el titular de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), Javier Hernández Hernández.

Bajo la consigna de no revelar mayor información debido a la posibilidad de investigaciones penales, el funcionario afirmó que han pedido y solicitado a los entes con observaciones solventen dichos señalamientos, pues principalmente se han visto en los Sistemas DIF Municipales de los Ayuntamientos mencionados, y siendo Carmen y Campeche los de mayor incidencia, pero siguen en los términos correctos de la ley.

Destacó además que tras la detección de las observaciones estos notifican a los entes obligados, a su vez, “estos organismos tienen un plazo de 120 días para presentar en su caso las justificaciones necesarias respecto a gastos realizados y que no tienen una solvencia observable o les falta documentación que permita su identificación exacta, ya sea tangible o de servicios diversos”.

Después de esos cuatro meses de prórroga para mostrar sus evidencias, “procederemos a advertencias y atención inmediata presencial, en caso de continuar sin respuesta o un ápice de querer brindar la información requerida, entonces tendríamos que continuar con las demandas penales por posible peculado”, aclaró el auditor estatal.

La información revelada es que algunos organismos observados han celebrado contratos con empresas de dudosa procedencia y la ley establece que los participantes en estos contratos deben brindar garantías a los interesados, “además que debe haber competencia pareja para diversos interesados en brindar servicios a los organismos públicos, es decir, que no haya beneficios a unos pocos y sean legales”, dijo.

Hernández Hernández, también afirmó ya iniciaron con la revisión del paquete informativo de la cuenta pública 2021 del Gobierno del Estado, y este proceso podría llevarse meses, pero no más tiempo del que tienen los organismos municipales para solventar sus observaciones, pues la notificación fue en julio.

Con información de La Jornada