El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicado desde 2014 a refrescos y alimentos procesados, se perfila para un nuevo incremento en 2026. Aunque las autoridades justifican la medida como un instrumento de salud pública, especialistas advierten que el impacto real recae con mayor fuerza sobre las familias de menores ingresos, quienes destinan un porcentaje más alto de su presupuesto a estos productos.

En Yucatán, donde más de 40% de la población vive en condiciones de pobreza, el aumento al IEPS amenaza con profundizar la desigualdad y agravar el poder adquisitivo de miles de hogares.

Un impuesto regresivo

Diversos estudios han demostrado que el IEPS tiene un carácter regresivo: afecta en mayor medida a los sectores de menores ingresos, pues destinan una parte más grande de sus recursos a la compra de bebidas azucaradas y botanas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), los hogares más pobres gastan hasta el doble de su ingreso proporcional en refrescos en comparación con los hogares de mayores ingresos. Así, un incremento al IEPS representa un golpe directo al bolsillo de quienes menos posibilidades tienen de sustituir su consumo.

“Este impuesto se ha convertido en una carga extra para las familias que ya viven con lo justo. Lo que para una persona de ingresos medios es un gasto marginal, para una familia en pobreza puede significar dejar de comprar otros alimentos básicos”, explicó el economista social Miguel Torres.

Efectos en Yucatán

El impacto del IEPS en Yucatán es particularmente sensible. En comunidades rurales y colonias populares, los refrescos y botanas no solo son un hábito de consumo, sino también parte de la vida social y cultural.

“En muchas localidades del interior del estado, un refresco es parte de la comida diaria. El aumento en su precio genera frustración y limita aún más la capacidad de las familias para organizarse socialmente, porque incluso compartir una bebida en la mesa se vuelve más caro”, señaló la antropóloga yucateca, Patricia Chan.

Además, el alza en estos productos podría encarecer indirectamente otros alimentos y servicios vinculados a la cadena de distribución, presionando aún más el presupuesto de las familias.

Las mujeres, las más afectadas

Organizaciones civiles destacan que las mujeres, particularmente las jefas de familia, son quienes más resienten estos aumentos, pues son responsables de administrar los gastos del hogar.

“Cuando el IEPS sube, ellas tienen que ajustar todo: decidir si compran menos refresco, si buscan sustitutos más baratos o si recortan en otros productos. Al final, la carga económica y emocional recae sobre ellas”, explicó la activista social, Carolina Méndez.

La paradoja de la salud

Aunque la intención original del IEPS fue reducir la obesidad y la diabetes, los resultados son poco alentadores. Según cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, los niveles de sobrepeso y obesidad en México no han disminuido de manera significativa en más de una década.

“Estamos frente a un impuesto que castiga a los pobres sin lograr cambios reales en la salud pública. Es una política que se queda corta en sus objetivos y genera costos sociales más altos de lo que se reconoce”, señaló el investigador en políticas públicas, Raúl Cervera.

Voces ciudadanas

En un recorrido por colonias del sur de Mérida, las quejas son constantes. “Cada vez que suben los precios, uno ya no sabe qué hacer. El dinero no alcanza ni para lo básico, y ahora hasta el refresco que compartimos en la comida se nos va de las manos”, expresó doña Julia, vecina de San José Tecoh.

En Kanasín, un padre de familia compartió que el gasto semanal en refrescos pasó de 120 a 180 pesos en los últimos dos años, debido al aumento de precios acumulado. “Con el nuevo IEPS, seguro se irá más arriba. Y lo malo es que los niños lo siguen pidiendo, porque ya es parte de la costumbre”.

Alternativas en debate

Especialistas proponen que, en lugar de incrementar el IEPS, se implementen políticas públicas integrales que incentiven el acceso a alimentos saludables y campañas de educación nutricional.

“Subir impuestos es lo más fácil, pero no necesariamente lo más justo ni lo más eficaz. Lo que se necesita es que frutas, verduras y agua potable sean accesibles y baratas para todos, de lo contrario, los pobres seguirán pagando el costo”, concluyó el economista Miguel Torres.

Un reto para el 2026

El posible aumento al IEPS en 2026 se ha convertido en un tema de debate nacional. En estados como Yucatán, con altos índices de pobreza y desigualdad, el impacto será mucho más fuerte y visible.

Mientras tanto, las familias ya anticipan un futuro complicado. Para ellas, el incremento no significa un cambio de hábitos de manera inmediata, sino más bien un ajuste forzado en sus gastos y, en muchos casos, una reducción en su calidad de vida.